Debemos detenernos y tomar nota de las palabras del Santo Padre siendo que nuestra amada propia nación se encuentra en una batalla sobre la libertad religiosa y la libertad en sí.
El derecho a la libertad de religión tanto en su dimensión pública como privada, manifiesta la unidad de la persona humana, que es a la vez un ciudadano y un creyente. También legitima el hecho de que los creyentes tienen una contribución que hacer en la construcción de la sociedad. El fortalecimiento de la libertad religiosa consolida vínculos sociales, nutre la esperanza de un mundo mejor, crea condiciones favorables para la paz y desarrollo armonioso, mientras que al mismo tiempo establece bases sólidas para garantizar los derechos de las futuras generaciones. (Homilía del 28 de marzo de 2012)
Incluso en nuestro propio país, muchos rechazan esta verdad fundamental y su base histórica. En cambio, la administración de Obama, con el pleno apoyo de los medios masivos, está intentando imponer a todos los ciudadanos un mandato que requiere que las instituciones religiosas, independientemente de sus objeciones, paguen por anticonceptivos abortivos y esterilizaciones.
Imagínese si se mantiene esta política. Si podemos ignorar flagrantemente la Constitución y su primera enmienda, podemos rechazar también otros componentes. Por eso nueve jueces de la Suprema Corte se encuentran a si mismos en el centro del debate sobre la constitucionalidad de la Ley de Protección de Asequibilidad (ObamaCare), y su mandato inicial--que requiere que todos compren un seguro de salud o deberán encarar las sanciones. Sus deliberaciones y la decisión final afectarán a cada ciudadano, y a cada institución religiosa y secular.
Si estas cuestiones no fueron suficientes para plantear nuestras preocupaciones, entonces el anuncio de la semana pasada sobre un tercer mandato--un "cargo por aborto"--debería preocuparnos aún más. Con este nuevo mandato del Gobierno una vez más fuerza a los pro-vida a pagar el aborto. No deberíamos sorprendernos por esto ya que la Ley de Protección de Asequibilidad ofrece poder irrestricto a las agencias gubernamentales para imponer dichas políticas desmesuradas.
¿Cuál es el nuevo mandato? Están obligando a las compañías de seguros que cubren el aborto a recargar a todos los que están en el plan a pagar un mínimo de $1 por mes, en lo que los críticos llaman una "recarga de aborto". En segundo lugar, la compañía de seguros sólo está autorizada a informar al comprador sobre este recargo en letra pequeña en el contrato inicial. Después, resulta ser escondido prolija y anónimamente en otros cargos creando un enorme fondo para abortos gratis o baratos.
¡Cuán engañoso! La administración de Obama, en un intento secreto y manipulador se deslinda de financiar directamente el aborto y pasa esa responsabilidad a las compañías de seguros y a sus clientes, obligando a los incautos pro-vida y gente con conciencia a pagar el aborto. Una vez más nuestro Gobierno está mostrando su clara voluntad de financiar el aborto y nos obligan a pagar por ello. La administración solapada está cambiando el enfoque de un mandato dirigido a individuos hacia uno dirigido a las compañías de seguros, como si no nos diéramos cuenta y ser engañados pensando que ya no estaremos financiando el aborto.
Si la Ley de Protección de Asequibilidad no es declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo o derogada por un Congreso realineado y rechazada por un nuevo Presidente el año que viene, deberíamos esperar que estas intrusiones gubernamentales e imposiciones continuaran y se perderán mas vidas humanas de los más vulnerables. Un ejemplo es el Junta Consultiva de Pago Independiente (IPAB), la Junta, no elegida, de 15 personas de "expertos" que tomarán decisiones de vida y muerte para aquellos cuya salud se vuelve demasiado cara para ser considerado digno de cobertura, especialmente aquellos que son más vulnerables—los ancianos y los gravemente discapacitados.
Aquellos que hacen sonar la alarma sobre este ya existente "panel de la muerte " están siendo denominados como”promotores del miedo”. ¿Pero somos eso? Veamos el Estado de Oregón. A los pacientes ya les han ofrecido el suicidio médico asistido como un tratamiento, cuando habían tratamientos para salvar su vida disponibles que eran más caros. ¿Qué se debe hacer para detener el "mandato de muerte" como seguimiento de los mandatos para adquirir la atención de la salud, la anticoncepción y el aborto?
O consideremos una cuestión más fundamental: ¿Una vez que le demos a nuestro Gobierno el poder de obligar a grandes porciones de la sociedad para hacer cosas que no pueden hacer en buena conciencia, seremos capaces de mantener la determinación para luchar contra cada nueva injusticia?
La Iglesia Católica enseña que todo ser humano, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural, posee una dignidad intrínseca demandando que la vida este protegida, no importa cuán vulnerables sean. Ahora tenemos gobernantes--no representantes, gobernantes--en este país quienes están rotundamente en desacuerdo con la Iglesia sobre este punto esencial de la ley natural. Debemos mantenernos contra estas afrentas a la dignidad humana y a nuestros derechos como ciudadanos estadounidenses y como cristianos.
Sinceramente suyo en Cristo,
Padre Shenan J. Boquet
President, Human Life International
Traducción: Nancy Tosi, Colaboradora de HLI/VHI
