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La protección del derecho a la vida en la Constitución Política de Chile

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"... Una correcta exégesis debe concluir, necesariamente, que el embrión humano está reconocido y protegido como persona por la Constitución y el legislador debe respetar la Carta Fundamental".

Viernes, 23 de diciembre de 2011 a las 14:14


Pbro. Francisco Javier Astaburuaga Ossa

La discusión constitucional del texto consagrado en el Art. 19 nº1 en lo que se refiere, especialmente, a la defensa del derecho a la vida del que está por nacer iluminó su reflexión teniendo presente no sólo la legislación nacional existente sino que, además, una serie de textos jurídicos de carácter internacional que sirvieron de apoyo a la redacción de un artículo que no dejó de ser controvertido y profundamente discutido entre los constituyentes. Sin embargo, la profundidad de la discusión tiene un aporte significativo y determinante para descubrir el espíritu que animó al legislador en la redacción de una norma de tal envergadura. De este modo, así mismo, se clarifican los criterios interpretativos del mismo texto constitucional en su aplicación jurisdiccional, considerando los elementos de interpretación de la ley que el mismo Código Civil prescribe con detalle y claridad conceptual. Así, no se contraviene su espíritu, aplicando la norma positiva en completa sintonía con el constituyente y que éste quiso establecer desde el principio en la Carta Fundamental.

En este contexto, durante la sesión 90 del 25 de noviembre de 1974, haciendo referencia el señor A. Silva Bascuñán a la defensa del derecho a la vida, se indica que: “cuando se está estableciendo en la Constitución que debe protegerse la vida del que está por nacer, de ninguna manera se concede libertad al legislador para determinar, soberana y arbitrariamente, de qué manera va a protegerla, de modo que no le parece que pueda argumentarse que el legislador quedó libre para hacer lo que desea en materia de protección de los derechos del que está por nacer”. De este modo el constituyente está protegiendo el «derecho a nacer» de un individuo que pertenece a la especie humana. Este «derecho a nacer» está en estricta relación con ese «derecho a la vida» consagrado en el texto constitucional. Por lo tanto, se está en presencia de un derecho que debe ser regulado por una ley según el mandato de la Constitución respetando, obviamente, el derecho a la vida de esa criatura que ha sido invitada a participar de la existencia humana. Asi, juristas clásicos lo plasmaron explícitamente: “nasciturus pro nato habetur cum de ipsius iure quaeritur”, o “infans conceptus pro iam nato habetur quotiens de eius commodis agatur” (cf. GAYO: Inst., I, 89-92. PAULO: Dig., I, 5-7). Y aún cuando al principio no se considera al "nasciturus" como persona jurídica perfecta, se admite que existe en él en potencia un sujeto de derecho y la validez de sus derechos se retrase hasta el momento de su nacimiento (cf. PAULO: Dig., V, 4, 3); “Qui in utero est perinde ac si in rebus humanis esset custoditur quotiens de commodis ipsius partius quaeritur; quamquam alii antequam nascatur nequaquam prosit” (cf. PAULO: Dig., I, 5, 7) y “Qui in utero sunt in toto paene iure civili intelliguntur in reum natura ese”. El desarrollo de la ciencia jurídica permite afirmar hoy que el nasciturus por nacer es persona. La Constitución le asegura el derecho a la vida, como también lo asegura a quien ya ha nacido. No hay diferencia de tratamiento entre uno y otro ya que ambos son individuos de la especie humana; y sería una diferencia arbitraria, sin justificación racional pretender discriminar en cuanto al derecho a vivir, al derecho a la vida; discriminación que veda expresamente el constituyente al legislador y a toda autoridad en el art 19 nº 2 inc 2º (cf. E. SOTO KLOSS, El derecho a la vida y la noción de persona en la Constitución, Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXXXVIII, 1991, Nº 3, p. 59). Al embrión humano entonces no se le puede negar la calidad de titular de derechos en su calidad de persona, reconocida expresamente por la Constitución. 

La protección del derecho a la vida del que está por nacer garantizado en la Carta Magna y el resto de la legislación chilena es consecuencia de un derecho natural del embrión a la vida y no de la valoración del legislador que ha decidido darle protección jurídica. La ley debe proteger la vida del nasciturus, asegurando su integridad física y psíquica no sólo porque así lo determina expresamente la Constitución Política, sino reconociendo un derecho que es anterior al Estado y a su formalización en un cuerpo jurídico determinado. De lo contrario, la vida del que está por nacer queda indefensa y se abre el camino para una investigación y experimentación indiscriminada y sin límites contra el embrión humano. Llegando incluso a manipular su patrimonio genético con fines eugenésicos. Y con la agravante de que tales procedimientos podrían quedar amparados por la ley en una flagrante violación de un derecho humano fundamental y de la norma constitucional que lo ampara. 

Si los hombres nacen «libres e iguales en dignidad y derechos» como reconoce la Carta Fundamental, significa que la libertad y la dignidad del hombre son expresiones de su propia naturaleza, siendo en consecuencia anteriores a cualquier determinación del legislador (Art 5 CPE`1980). Los hombres son tales y tienen los derechos que dicha calidad supone, con independencia del contenido de los textos legales vigentes. Esta posición lejos de menospreciar el valor del derecho positivo viene a situarlo en su verdadera dimensión. Es decir, como una instancia reconocedora de derechos y no creadora de los mismos. 

Desde esta perspectiva, la referencia constitucional a los derechos que se garantizan a la persona humana sin distinción de ninguna naturaleza y el mandato subsiguiente al legislador de proteger la vida del que está por nacer, es un reconocimiento explícito del embrión como persona y sujeto de derechos. Esta claridad conceptual en la interpretación del texto constitucional evitaría las dudas que su aplicación práctica pudiera presentar al interior de los mismos tribunales de justicia en el ejercicio de su función jurisdiccional. El sentido de la norma es claro y su debida correspondencia y armonía con el contexto general de la legislación son precisas. Por lo tanto, una correcta exégesis debe concluir, necesariamente, que el embrión humano está reconocido y protegido como persona por la Constitución y el legislador debe respetar la Carta Fundamental. 

*Licenciado y Doctor en Derecho Canónico 
Pontificia Universidad Lateranense de Roma

Fuente: Diario El Mercurio Legal, 23 de diciembre de 2011.