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¿Divorcio consensuado notarial?

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Autor: Miguel Manzanera, SJ

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia está discutiendo en este mes de junio de 2013 un proyecto de ley que regula el divorcio consensuado presentado ante del notario de fe pública. En caso de promulgarse una pareja casada que esté de acuerdo en divorciarse podrá acudir ante un notario para solicitar la extinción de la relación matrimonial en una escritura pública de modo similar a como se hace la apertura de testamentos o la declaración de herederos. El notario constata que ambas partes están casadas y que otorgan el consentimiento libre y voluntario de disolver el matrimonio. Las partes deben ponerse de acuerdo en la partición de bienes y, si tienen hijos, en pagar las pensiones correspondientes. El notario, siempre y cuando constate que no se afecta a derechos de terceras personas procede a declarar el divorcio.

Si uno de los cónyuges no da su consentimiento, si se opone o si desiste durante la tramitación, se suspende inmediatamente el trámite y se debe ir al proceso judicial. Se considera que existe desistimiento cuando los cónyuges o los convivientes, transcurridos sesenta días hábiles desde la fecha en que el instrumento fue puesto a su disposición, no concurren a su otorgamiento. La ley deja al reglamento la fijación del tiempo de duración del trámite de divorcio, pero se da como seguro que no se prolongará largo tiempo.

Una de las razones de esta ley apunta a la disminución de la excesiva carga procesal que actualmente soportan los juzgados de familia. Según la nueva ley el trámite se realizaría ante el notario de fe pública, dependiente del Ministerio de Justicia y no del Consejo de la Magistratura. Los divorcios en los que no haya mutuo acuerdo seguirán tramitándose ante el poder judicial en los tribunales de familia. Otra ventaja práctica de esta ley  sería el ahorro del costo del divorcio, ya las partes no necesitarían contratar abogado, cuyos honorarios, dependiendo de cada caso, oscila normalmente entre 500 y 1000 dólares. Se prevé que la promulgación de la ley sea inminente.

Posiblemente haya personas que se alegren de esta facilidad para divorciarse. Pero hay observaciones serias a este proyecto legal. La experiencia en España y en otros países con leyes similares, muestra, que la posibilidad del divorcio rápido trae como consecuencia, la debilitación del matrimonio y de la familia. La experiencia muestra que por distintas causas muchas parejas casadas atraviesan crisis, algunas de ellas graves, pero que muchas veces, una vez serenados los ánimos y con la ayuda de sus padrinos o amigos, vuelven a restablecer la vida conyugal.

La facilidad del divorcio notarial es una tentación para disolver la convivencia conyugal sin pensar en las consecuencias trágicas que siempre causan los divorcios tanto en los propios esposos como sobre todo en los hijos. En Bolivia, donde por razones económicas muchos cónyuges viven separados en distintos lugares o países, esta ley aumentará notablemente el número de divorcios. Los cónyuges, si bien experimentan cierto alivio momentáneo al divorciarse, quedan heridos por la ruptura traumática del nosotros íntimo en el que han vivido. En el fondo se ha producido un fracaso existencial que los divorciados arrastrarán toda la vida, más aún cuando existe una culpabilidad dolosa o culposa no reconocida.

Sobre todo el divorcio es sumamente traumático para los hijos cuando son menores de edad. Hay estudios que muestran que para un niño el divorcio de sus papás les afecta más que la muerte de uno de los progenitores. En su psicología los hijos pequeños no pueden entender cómo las personas que más les quieren vivan separadas y en muchos casos enemistadas. Este rompimiento les causa graves daños psíquicos con repercusiones en su salud, en el desarrollo de su afectividad y de su desempeño escolar. Son más proclives al consumo de alcohol y de drogas y a la delincuencia. Inconscientemente adquieren una cierta predisposición a considerar el matrimonio como una convivencia temporal fácilmente rescindible.

Los proyectos de ley que afectan a la institución familiar no se pueden aprobar entre gallos y medianoche, sino que deben darse a conocer previamente y hacer las necesarias consultas a la población en general y a las instituciones más representativas en el ámbito familiar. Es preciso contrarrestar las ideologías que consideran el matrimonio como un simple contrato civil fácilmente rescindible. Para ello deben unirse todas las personas e instituciones que, tal como Dios ha querido, defienden el matrimonio como la comunión natural indisoluble de vida y amor entre el varón y la mujer, abierta a la fecundidad.

Por todo ello creemos no se debe aprobar una ley sobre el divorcio rápido. Más bien hay que promulgar normas para prevenir las rupturas familiares y llegar a una reconciliación, creando o subvencionando centros de orientación familiar y realizando al mismo tiempo campañas de sensibilización sobre la importancia del matrimonio y la necesidad de una adecuada preparación. La Iglesia Católica podría colaborar a través de los diferentes servicios de orientación familiar que tiene en el país.